La educación inclusiva persiste en España como un proyecto inacabado pese a las obligaciones internacionales que contrajo este Estado en la materia tras ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. En este sentido, analizamos las luces y sombras que presenta esta realidad a nivel nacional atendidas las consideraciones realizadas por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad tras una investigación confidencial realizada en 2017. La violación sistemática de este derecho, la persistencia de un concepto erróneo de lo que supone incluir y, entre otras cosas, la pervivencia de escuelas integradoras que por no adoptar los ajustes razonables necesarios en cada caso acaban por discriminar, segregar y excluir a las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo y para cerrar, se da razón de un caso judicial que fue llevado finalmente ante dicho Comité a través del procedimiento de comunicaciones. Procedimiento en el que se determinó que España había vulnerado los derechos de una persona con discapacidad a su educación inclusiva, a la igualdad de trato, a la no discriminación e inclusive a la integridad personal.
Con todo, se concluye que es necesario aceptar que lo cotidiano es ser distinto, que ser distinto no significa ser o poder ser desigual en cuanto a derechos, y que debemos apostar por construir una sociedad más inclusiva que quizás algún día deje de mirar con recelo a la diferencia y pueda defender una educación sin apellidos, porque el reto estructural de la inclusión ya se haya alcanzado.
